La Federación Profesional de la Movilidad MOVEA se hace eco de la carta que MOVVA · Comunitat Valenciana, asociación integrada en la federación, ha remitido al conseller Vicente Martínez Mus ante el decreto ley anunciado por el Consell para proteger al taxi como servicio público esencial. El escrito, firmado por el presidente de MOVVA, Ricardo González, expresa la «sorpresa y profunda preocupación» de la asociación por ese anuncio. MOVVA lamenta, además, llevar meses solicitando una reunión formal con la Conselleria, «peticiones todas ellas que han caído en saco roto», y que se anuncie una regulación que le afecta de lleno sin haber sido escuchada antes.
Cuatro avisos jurídicos en la carta de MOVVA al Consell
El núcleo de la carta es una advertencia jurídica en cuatro puntos. En el primero, MOVVA recuerda que, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), proteger la viabilidad económica del taxi no es una razón de interés general que permita restringir la libertad de establecimiento ni la libre competencia. Por ello, cualquier medida que limite la actividad de las VTC para proteger a otro operador del mercado sería incompatible con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El taxi no es un servicio de interés económico general
En el segundo punto, la asociación señala que el TJUE ha negado expresamente que el taxi tenga la consideración de servicio de interés económico general o que tenga encomendada una misión específica de servicio público que justifique un régimen excluyente frente a otros operadores. «Entendemos que esto es del conocimiento de la Conselleria y que no tiene intención de aprobar una normativa claramente ilegal», afirma el escrito.
Sin competencia desleal ni restricciones generales
En el tercero, MOVVA sostiene que «no existe competencia desleal por parte de las VTC que operan en la Comunitat Valenciana» y recuerda que los tribunales han confirmado recientemente que pueden prestar servicios urbanos al amparo de la normativa autonómica vigente. En el cuarto, rechaza que posibles irregularidades vinculadas a autorizaciones de otras comunidades autónomas justifiquen restricciones generales para todo el sector: si hay incumplimientos, deben abordarse con inspección y control individualizados.
Riesgo de litigios y petición de una reunión urgente
La carta advierte de que un decreto ley con restricciones «injustificadas, discriminatorias o contrarias a la jurisprudencia consolidada» generaría «una grave inseguridad jurídica» y previsiblemente daría lugar a «una nueva oleada de litigios», además de posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración autonómica. MOVVA solicita una reunión urgente, antes de que se apruebe la norma, para exponer su posición «de manera directa y documentada», y reitera su disposición a colaborar en la mejora del sistema de movilidad desde el respeto al marco legal y a los pronunciamientos de los tribunales. Por su parte, según el mismo medio, la Conselleria defiende que el decreto buscará compatibilizar ambos modelos y crear un marco estable.
Fuente: Las Provincias