El pleno de Les Corts convalidó el 17 de junio de 2026 el Decreto ley 5/2026, de 29 de mayo, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV y Compromís. La norma, en vigor desde el 6 de junio, modifica el Decreto ley 4/2019, que regula el arrendamiento de vehículos con conductor, y la Ley 13/2017 del taxi de la Comunitat Valenciana. Ese mismo día, el presidente de MOVVA · Comunitat Valenciana, Ricardo González, acudió a la plaza de San Lorenzo, ante la puerta principal del parlamento valenciano, para trasladar a los medios la posición de la asociación, integrada en la Federación Profesional de la Movilidad MOVEA.
Una «patada hacia adelante» para el sector
González afirmó que el decreto «no da seguridad jurídica al sector». «Al final, es una patada hacia adelante, que dentro de dos años tendremos que volver a negociar y a pelear por el tema del servicio urbano y esto no es lo que el sector demanda. Necesitamos seguridad jurídica para crear más empleo, para crear estabilidad a las empresas, para poder hacer las inversiones y esto no es lo que esperábamos», explicó.
Recurso ante los tribunales y la Comisión Europea
El presidente de MOVVA recordó que las VTC ya habían obtenido en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el reconocimiento para prestar servicios urbanos. «Este decreto no nos da nada que no tuviéramos», señaló. Criticó que mantenga restricciones como la imposibilidad de transmitir las licencias, que en el taxi sí se pueden transmitir, o la prohibición de circular o aparcar en superficie, que a su juicio es inconstitucional y ya ha sido anulada por sentencias en otras comunidades. González confirmó que el sector recurrirá el decreto ante los tribunales y advirtió de que la insistencia del Consell en esas restricciones les obligará a acudir a la Comisión Europea. En febrero, MOVVA ya había advertido por carta al Consell de que limitar a las VTC para proteger al taxi choca con el Derecho europeo.
Qué cambia con el Decreto ley 5/2026
Según Europa Press, la norma habilita de forma provisional a las VTC domiciliadas en la Comunitat Valenciana para hacer transporte urbano hasta que se disponga de un estudio técnico, y suspende durante un máximo de dos años la concesión de nuevas autorizaciones de taxi y VTC, salvo las de vehículos adaptados. También suprime los 15 minutos de espera antes de contratar, fija multas de hasta 6.000 euros con inmovilización del vehículo para las VTC que circulen en busca de clientes o con licencias de otras comunidades, y obliga a que los vehículos que se sustituyan tengan etiqueta ECO o Cero Emisiones. El conseller Vicente Martínez Mus defendió en Les Corts que el decreto es «la mejor solución posible» y que busca una convivencia pacífica entre los dos sectores.
«No tiene un problema de oferta, tiene demasiada demanda»
Lejos de plantear el debate como una confrontación, González subrayó que el sector de la movilidad «no tiene un problema de oferta, tiene demasiada demanda», y que «el sector del taxi va a poder seguir trabajando como hasta ahora porque no ha dejado de trabajar nunca y las VTC también». Defendió ampliar la movilidad con criterios objetivos para dar servicio a una población que no deja de crecer, y recordó que taxi y VTC conviven desde 2016 sin problemas de rentabilidad para ninguna de sus empresas. Al día siguiente, MOVVA reiteró en sus redes sociales: «Seguiremos luchando con firmeza para que el sector VTC tenga el reconocimiento y la seguridad jurídica que merece».
Fuente: Valencia Plaza (Europa Press)