MOVEA acoge con respeto el auto, que no decide el fondo del asunto, y ofrece al Gobierno de Aragón su colaboración para una ley que aporte seguridad jurídica y medidas proporcionadas.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante un auto de 22 de octubre, ha estimado parcialmente la medida cautelar solicitada en un recurso contra la Orden VFL/1445/2026, de 1 de octubre, del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 9 de octubre. Esta orden fija criterios de actuación en los servicios de transporte público urbano de viajeros en vehículos turismo.
El tribunal suspende la aplicación de los apartados primero y segundo de la orden. El primero establece que prestar servicios urbanos sin licencia municipal implicará, además de la sanción económica, el precintado del vehículo durante un año como máximo o hasta que se resuelva el procedimiento sancionador. El segundo considera suficiente para ello que los agentes constaten la infracción. Según el auto, la ley aragonesa configura el precintado como una facultad, mientras que la orden lo convierte en un deber «con independencia de las circunstancias». La Sala aclara que las autoridades conservan las facultades que les reconocen la Ley 14/1998 de Transportes Urbanos de Aragón y la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que se aplicarán según las circunstancias de cada caso. Los apartados tercero, cuarto y quinto siguen en vigor.
Se trata de una medida provisional. Las medidas cautelares no prejuzgan el fondo, que se resolverá en sentencia, y el auto no es firme: admite recurso de reposición ante la misma Sala en el plazo de cinco días.
MOVEA, federación nacional del sector VTC y miembro del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) en la sección de arrendamiento de vehículos con conductor, expresa su máximo respeto a la decisión judicial y a todas las partes. La Federación comparte que todo servicio debe prestarse con el título habilitante que exija la normativa, y pide a los operadores que sigan cumpliendo escrupulosamente la normativa vigente. En la consulta pública previa sobre la futura ley aragonesa del transporte en turismo, MOVEA pide un régimen sancionador y unas medidas cautelares proporcionados, limitados en el tiempo y con garantías.
MOVEA defiende también que la regulación definitiva del sector debe hacerse por ley, y que hay que eliminar las barreras de entrada y las limitaciones artificiales a la actividad, con transparencia y seguridad jurídica. En este sentido, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 8 de junio de 2023 (asunto C-50/21), declaró que el Derecho de la UE se opone a la limitación de una licencia VTC por cada treinta de taxi establecida por el Área Metropolitana de Barcelona, al no estar justificada (la conocida como ratio 1/30). La consulta pública de la futura ley que prepara el Gobierno de Aragón sigue abierta hasta el 8 de noviembre de 2026. La Federación ofrece su colaboración en una mesa de trabajo con las organizaciones representativas del transporte en turismo y las entidades locales. El objetivo es una norma que aporte seguridad jurídica a los profesionales y a la Administración y que ponga al usuario en el centro.
Una misma actividad sometida a normativas diferentes en cada territorio supone fragmentar el mercado. Así lo recoge la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado: cualquier límite al acceso o al ejercicio de una actividad económica debe estar justificado por una razón imperiosa de interés general y ser proporcionado (art. 5), y todas las administraciones deben evitar que sus normas obstaculicen la libre circulación en el territorio nacional (art. 9, en desarrollo de los arts. 38 y 139 de la Constitución). Las autorizaciones VTC tienen ámbito nacional, y por eso MOVEA pide que la futura ley aragonesa se coordine con la normativa estatal y con la de otras comunidades. La Federación quiere recorrer este camino desde el diálogo y la colaboración leal con la Administración, en el marco de esa ley y de la jurisprudencia de los tribunales españoles y europeos.
«Respetamos plenamente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es provisional y no resuelve el fondo. Lo que nos dice es que hace falta seguridad jurídica, y por eso tendemos la mano al Gobierno de Aragón para construir juntos una ley equilibrada», ha señalado Pablo García-Trespalacios, presidente de la Federación MOVEA. Y ha añadido: «El TJUE ha declarado contraria al Derecho europeo la ratio 1/30, y la Administración no puede aplicarla. Los VTC trabajamos con autorizaciones de ámbito nacional y necesitamos reglas homogéneas en toda España: la fragmentación normativa entre administraciones solo genera inseguridad jurídica para todos, también para la propia Administración».
Sobre la Federación MOVEA
La Federación MOVEA es la federación nacional del sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) en la sección de arrendamiento de vehículos con conductor. Más información en movea.es.
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